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Invertir mejor: América Latina necesita menos energía y más política
Gerardo Honty
Si América Latina sigue la senda del aumento de la oferta energética, tendrá más problemas ambientales, sociales y económicos. Si invierte en eficiencia, reducirá los impactos negativos; y con los ahorros, podrá llevar energía a todos los que no la tienen (ni tendrán).
Durante la última década, el sector energético latinoamericano ha venido creciendo sostenidamente a pesar de las crisis vividas. El consumo de energía varió de 2.790 a 3.800 millones de barriles equivalentes de petróleo entre 1995 y 2006 (CEPAL, 2007). Ahora la región se prepara para hacer frente al aumento del consumo previsto para las próximas dos décadas. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE, 2006) América Latina, con una tasa de crecimiento de la oferta de energía de 2,3% anual en promedio, duplicará su abastecimiento pasando de los 484 Mteps (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 2004 a 845 Mteps en 2030. Dos tercios de esta energía provendrían de fuentes no renovables y emisoras de gases de efecto invernadero (GEI): petróleo, carbón y gas natural.
Según el mismo informe, para lograr un suministro de esta envergadura la región deberá invertir US$ 1.374 billones (miles de millones) desde ahora hasta el 2030 en infraestructura para abastecimiento energético. (Nota al pie: Si bien la versión 2008 del reporte de la AIE reformula a la baja la expectativa de consumo energético, las inversiones globales son aún mayores pasando de los US$ 20 trillones -millones de millones- previstos en 2006 a US$ 26 trillones en la actualización de 2008). Estos planes incluyen la exploración de nuevos pozos petroleros y gasíferos, la construcción de gasoductos, oleoductos, redes eléctricas, usinas termoeléctricas (convencionales y nucleares), represas hidroeléctricas, entre otros.
Sin embargo estos planes enfrentan restricciones económicas, sociales y ambientales nada desdeñables. Obtener el financiamiento necesario para todas estas obras ha sido un problema permanente, sobre todo desde que las políticas de liberalización del sector energético impulsadas desde fines de la década de 1980 contrajeron los préstamos públicos de la Banca Multilateral de Desarrollo y pasaron a concentrarse en el sector privado.
Pero además la importación de energía se hace cada vez más cuesta arriba para aquellos países que no son autosuficientes. La volatilidad de los precios internacionales de los energéticos incide fuertemente en las economías de la región, particularmente en aquellos países que son importadores netos de hidrocarburos (Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y casi toda Centroamérica). El déficit de la balanza comercial del petróleo y derivados en el período 2000-2006 llegó a casi un 6% del PBI en el Paraguay, un 3,3% en el Uruguay, un 3,2% en Chile y un porcentaje menor en el Perú y el Brasil, (1,1% y un 0,4%, respectivamente). En 2006 la factura petrolera centroamericana alcanzó a representar un 17% de las exportaciones totales de bienes y servicios. En 2007 todos estos indicadores fueron mayores debido al alto precio que alcanzó el petróleo a nivel internacional. (Altomonte, 2008)
Desde el punto de vista social, muchas de estas obras (notoriamente las represas, plantas nucleares y ductos de larga extensión) enfrentan la oposición de poblaciones locales, comunidades indígenas y grupos ambientalistas, que ven en estos proyectos más amenazas que beneficios.
El número de personas sin acceso a los servicios energéticos básicos no ha disminuido a pesar del constante aumento de inversiones en infraestructura y abastecimiento energético. Según el informe de la AIE antes citado, en la actualidad hay 2,5 mil millones de personas que no tienen acceso a la energía en el mundo y esta cifra crecerá a 2,7 mil millones en 2030 aún luego de invertir los 26 trillones (millones de millones) de dólares necesarios. En particular en América Latina hay 83 millones de personas que dependen de la biomasa para cocinar (36% de la población) y se espera que este número crezca hasta los 85 millones en 2030 a pesar de la inversión pronosticada de US$ 1.374 billones en ese período.
En muchos casos, las poblaciones de bajos recursos que acceden a energéticos “modernos” para cocción o calentamiento de agua, el costo que deben pagar por esta energía es mucho mayor que el que pagan los más adinerados . En Argentina, el precio de la unidad calórica del gas licuado de petróleo o supergás (GLP) es más de tres veces la del gas natural. Sin embargo buena parte de la población de menores ingresos (el 40% del quintil más pobre) utiliza GLP mientras que en el quintil más rico, el 90% utiliza el gas natural más barato (Altomonte, 2008).
Viendo esta realidad, es justificable la percepción de parte de la sociedad que ve más amenazas que beneficios en estos proyectos.
Desde el punto de vista ambiental, además de los impactos locales -ocasionados por las emisiones de gases y efluentes, el uso y ocupación de la tierra y la destrucción de ecosistemas, entre otros- existe la amenaza cada vez más cercana del cambio climático. Las negociaciones internacionales actualmente en curso establecerán límites a las emisiones de GEI que impondrán necesariamente una restricción al uso de la energía, particularmente a las de origen fósil. En este sentido, puede no ser recomendable continuar invirtiendo en infraestructura para el uso de unos combustibles que tendrán uso restringido.
La otra inversión
En los últimos años la eficiencia energética ha ido apareciendo en los discursos y prácticas de los gobiernos latinoamericanos. Seguramente impulsada por la motivación internacional que la problemática del cambio climático le ha dado a este tema, la eficiencia energética ha estado presente en varias de las últimas cumbres latinoamericanas de la energía. (ver “Declaración de Medellín” en la 38ª Reunión de Ministros de OLADE del 30 de noviembre de 2007).
Casi todos los países tienen algún programa de eficiencia energética (ver http://www.olade.org/experienciasEf.html). Sin embargo la magnitud de estos programas no parece estar de acuerdo ni con la urgencia ni con el potencial de ahorro que esta estrategia tiene. Aún con varios ejemplos muy notorios, estas ideas no han prosperado todo lo que debieran.
En Brasil por ejemplo, el programa PROCEL nacido en el año 1986 ha invertido hasta el año 2005 aproximadamente US$ 461 millones logrando un ahorro de electricidad de 21,753 GWh anuales lo cual significó un ahorro en inversiones de US$ 8,027 millones. En el caso de la CONAE de México, con un presupuesto anual de US$ 5.5 millones se logró un ahorro total de US$ 398 millones solamente en el año 2005.
Varios informes internacionales indican que hacia el futuro las inversiones en eficiencia serían muy redituables. Por ejemplo, de acuerdo a análisis de OLADE, América Latina podría ahorrar US$ 156.000 millones en los próximos 15 años si invirtiera en eficiencia energética (Poveda, 2007).
El reporte sobre inversiones y flujos financieros para combatir el cambio climático publicado por la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, 2007) analiza las necesidades financieras del mundo para hacer frente al aumento de la demanda de energía. Según este documento America latina requerirá de US$ 120 mil millones en inversiones en el año 2030 para abastecimiento de energía, pero en un escenario de eficiencia requeriría US$ 89 mil millones, es decir US$ 31 mil millones menos. Esto quiere decir que la región podría alcanzar el suministro de energía necesario con menores recursos financieros si invirtiera en eficiencia energética en vez de ampliar la capacidad de abastecimiento.
Otro informe, en este caso del BID, presentado hace pocos meses va en el mismo sentido (BID, 2008). De acuerdo a este reporte América Latina y el Caribe necesitarán generar 143 mil GWh/año hacia el 2018. El costo de suplir esa energía será de US$ 53 mil millones sin contar los gastos de combustibles y mantenimiento. En tanto, atender ese crecimiento esperada actuando desde el lado de la demanda a través de medidas de eficiencia energética, costaría US$ 17 mil millones.
Según el informe de la AIE citado más arriba, llevar electricidad a los 1.400 millones de personas que aún carecen de ella en el mundo, demandaría una inversión anual de US$ 25 mil millones. Considerando que dentro de esa cifra hay 45 millones de latinoamericanos que no tienen acceso a la electricidad (3% del total), se puede estimar que podría abastecerse de electricidad a toda la población carenciada de América Latina con US$ 800 millones al año, lo cual redondearía una inversión de US$ 16 mil millones de aquí al 2030. Esto podría cubrirse largamente con los ahorros derivados de la eficiencia energética que serían de US$ 31 mil millones para esa fecha como se vio más arriba. Como se desprende de las cifras manejadas anteriormente, si América Latina orientara sus inversiones a la eficiencia más que al suministro, podría, con el ahorro logrado, llevar la electricidad a toda la población que aún no accede a ella y aún le sobrarían recursos.
Escenario pos clima
Este año 2009 será un año clave para el sector energético mundial. Las negociaciones en el marco de la Convención de Cambio Climático han establecido que el próximo diciembre se llegará a un nuevo acuerdo global sobre políticas y medidas para detener el cambio climático (Nota al Pie: Acuerdo alcanzado en la 13ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC y que se lo conoce como “Hoja de Ruta de Bali”). Ya no hay dudas (amén de un grupo reducido de “escépticos”) acerca de la incidencia del factor humano en el aumento del efecto invernadero y particularmente del papel destacado que tienen las emisiones derivadas del uso de la energía.
Si bien América Latina es la única región del mundo en la que la energía no ocupa el primer lugar en las emisiones de gases de efecto invernadero, sino la agricultura (UNFCCC, 2005) (Nota al pie: ver Honty, G: América Latina ante el Cambio Climático en Observatorio de la Globalización, CLAES, Febrero 2007) los acuerdos de la COP 15 en Copenhague tendrán gran incidencia en la futura matriz energética de la región. (Nota al pie: COP 15: Décima quinta Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático).
En primer lugar porque es factible que las economías mayores (Brasil y México al menos) tengan algún tipo de límite o compromiso de reducción de sus emisiones de GEI esperadas a futuro. Pero además es esperable que el nuevo orden internacional impulse medidas que operen como freno al aumento del consumo energético, sobre todo de fuentes fósiles. Estas medidas podrían incluir impuestos al uso de hidrocarburos, topes nacionales o sectoriales de emisiones, restricciones a mercados internacionales para productos intensivos en carbono, entre otras.
Asimismo y como contrapartida, habrá nuevas oportunidades de inversiones en sectores de eficiencia energética, uso racional de la energía y energías renovables, que la región podría aprovechar. Nuevos flujos financieros provenientes del sector privado, del sector público internacional y de los “mercados de carbono”, podrían proveer de los recursos necesarios para establecer una nueva senda energética, que haga menos hincapié en obras de infraestructura para suministro y más en planes y medidas de eficiencia energética.
Este tipo de políticas es importante para la mayoría de los países de la región, independientemente de la agenda internacional de cambio climático, pues contribuiría a reducir la presión de la demanda, a diversificar la matriz energética, a reducir la dependencia de la importación de hidrocarburos y los riesgos de la volatilidad de sus precios, entre otros efectos. Esta nueva orientación, de acuerdo a la información de la que se dispone y que se presentó en este documento, podría resultar más económica, con mejor impacto social y menor impacto ambiental.
Bibliografía
AIE: World Energy Outlook. Agencia Internacional de la Enegía. París, 2006 Altomonte Hugo et al. América Latina y el Caribe frente a la coyuntura energética internacional: oportunidades para una nueva agenda de políticas. CEPAL. Santiago de Chile, 2008 BID: How to save US$36 billion worth of electricity (without turning off the lights). 2008. http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1634232. Consultado el 16 de febrero de 2009 CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2007 Poveda, Mentor: Eficiencia energética: recurso no aprovechado. OLADE. Quito, 2007 UNFCCC: Investment and financial flows to address climate change. Bonn, 2007. UNFCCC: Sexta recopilación y síntesis de las comunicaciones nacionales iniciales de las partes no incluidas en el Anexo I de la Convención. (FCCC/SBI/2005/18/Add.2), Montreal, 2005
G. Honty es analista de temas de energía en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). Una versión abreviada de este artículo, enfocada en el papel del BID, fue publicada por ALAI (Agencia Latino Americana de Informaciones). Publicado por CLAES el 18 de marzo de 2009.
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