Accidente nuclear en Suecia

 

De inocuo a muy serio en una semana

 

 

José da Cruz

 

 

Fallas de seguridad, alarmas y emergencias ocurren cada poco tiempo en la industria nuclear. Debido a sus propias características las centrales atómicas son permanente origen de inquietud, y también un problema social y político. En nuestro país cada tanto tiempo se alzan voces reclamando la instalación de reactores para producir energía, pero es necesario plantearse complejas interrogantes.

 

El martes 25 de julio pasado informó la prensa que un percance había detenido el funcionamiento de la usina nuclear de Forsmark, cercana a Estocolmo, pero que el reactor no estaba afectado. Sin embargo, dos días después la Inspección Nuclear del Estado (INE) calificó el suceso como muy serio. El 1º de agosto, el antiguo director de obras de la usina comentó que el incidente había sido el más serio después de los desastres de Harrisburg y Chernobil. ¿Qué había sucedido?

 

Todo comenzó cuando un cortocircuito activó unos fusibles y de este modo se perturbó el sistema de reserva para la refrigeración del núcleo del reactor. Si no se refrigera, el reactor se funde debido a su propia generación de altísimas temperaturas. Con el sistema de seguridad fuera de función hubo que detenerlo. En realidad, una central atómica es una gran caldera para hervir agua y el vapor resultante mueve turbinas que producen electricidad.

 

En el accidente de Harrisburg en 1979 se produjo una fusión parcial del núcleo del reactor, pero el blindaje resistió y no escaparon gases radiactivos; en Chernobil en 1986, el reactor explotó a causa de materiales inadecuados sometidos a una prueba de resistencia mal hecha. Si en Forsmark no pasó algo parecido se debió a que el reactor toma el agua de enfriamiento de la red pública de cañerías, pero cuando el sistema suplementario de seguridad quedó inutilizado, el riesgo de desastre estaba muy presente.

 

Forsmark cobró fama mundial en ocasión del accidente de Chernobil, pues la primera señal de que algo raro estaba pasando fue que la radiactividad medida fuera de la planta era mayor que la que existía junto al reactor. Esto produjo alarma y temores pues basta con mínimas porciones de material para que la radiactividad se difunda en el ambiente. ¿Alguien había retirado material radiactivo de las instalaciones? Dudas y confusiones se disiparon recién cuando se supo que el origen de la radiación había llegado desde Ucrania con el viento del mar Báltico.

 

Aquella alarma inicial se transformó en alabanzas a la seguridad y al alto nivel constructivo de las plantas nucleares suecas así como al personal competente y habilidoso que las manejaba: esas cosas podían pasar en otro lado, pero nunca en casa. Sin embargo, el periodista Fredrik Lundberg analizó los accidentes ocurridos a lo largo de los años y presentó su opinión divergente: pudiera ser que la mitad de los reactores de Suecia estuvieran en realidad por debajo del nivel de seguridad internacional. En parte, el hecho depende de que es imposible hacer controles de inspección totalmente independientes.

 

En efecto, la Inspección Nuclear del Estado está encargada de investigar las anomalías de funcionamiento, pero para descubrirlas depende de que la industria nuclear le informe que algo anda mal. La INE controlará que se haga lo que la industria dice que se hará para mejorarlo, pero no puede hacer más. La inspección es un trabajo de colaboración entre industria y autoridades y supone mutua confianza; sin esa colaboración y confianza, la INE no puede hacerse una idea de lo que en realidad sucede en las plantas atómicas, escribe Fredrik Lundberg.

 

Colaboración y confianza son una causa probable de que entre 1974, cuando se instituyó la ley reguladora de la tecnología nuclear, y 2001, límite de la investigación de Lundberg, solo un par de las muchas faltas denunciadas, mayores o menores, alcanzaron los tribunales, y ninguna desembocó en una condena judicial. Sin embargo, la INE comprobó que en varias ocasiones los sistemas de seguridad habían estado inactivos, los sistemas de enfriamiento de emergencia desconectados, había habido fallas de aislación y escapes, problemas de diseño sin atender... Tales errores se cometieron y se siguen cometiendo.

 

No es un problema específico de Suecia, sino de los aspectos sociales de la tecnología. Los ciudadanos no perciben directamente los posibles efectos de una planta nuclear: un escape radiactivo no huele, no duele, no mancha, no se ve ni se escucha, pero envenena y mata. La única forma de detectarlo es con dispositivos a cargo de técnicos que, de un modo u otro, están ligados en simbiosis con la industria nuclear o con las autoridades que colaboran con ella. Un incendio, por ejemplo, no se puede ocultar a los ojos del público y éste puede defenderse por lo menos huyendo del lugar; un escape radiactivo presenta un panorama completamente diferente.
La cuestión tiene, incluso, una dimensión política: la seguridad de la sociedad entera queda en este caso prisionera de la confianza pública en una rama de la actividad económica, incluyendo a quienes la controlan. ¿Qué pasa si esa confianza se resquebraja o nunca logra ser establecida? ¿Qué tendría que hacer la sociedad por su propia seguridad? ¿Repartir a todos contadores Geiger y suponer que van a ser utilizados de manera correcta?

 

Ejemplos similares pueden hallarse en industrias de procesamiento químico y, por supuesto, en las misteriosas elaboraciones militares. La existencia de secretos comerciales no mejora las cosas y tampoco lo hace la –falta de– presencia de un Estado débil. Si pensamos en el caso del Uruguay surgen interrogantes lógicas. Cuando comiencen a producir las fábricas de celulosa, ¿podrá algún vecino definir si el habitual olor a repollo hervido implica escapes de furanos y dioxinas? Furanos y dioxinas ¿dependen del olor, en realidad? ¿Huelen? ¿Y qué pasa si el sistema de control de la empresa y el control paralelo que piensa instalar el Estado muestran valores diferentes?

 

Mientras no sucede un desastre los riesgos emigran del debate. Así lo indicaron las reacciones de los políticos suecos en los días posteriores al incidente, desde las más conservadoras –“no hay motivo para rever las disposiciones de seguridad”– hasta las de tinte ambientalista –“ningún reactor debería estar en funcionamiento sin una seguridad del 100 por ciento”. Todo siguió como siempre.

 

Los riesgos no residen solo en la misma producción de electricidad mediante fusión nuclear sino que la minería de uranio es peligrosa, el manejo de los residuos radioactivos no está para nada resuelto, muchas centrales nucleares no cubren sus propios costos y la seguridad total de la explotación nunca podrá garantizarse. Además, en Suecia, un plebiscito de 1980 decidió que la producción de energía nuclear sería sustituida en la medida en que se desarrollaran fuentes alternativas, y que la futura producción estaría en manos del Estado. Nada de esto se ha cumplido. ¿Se cumplirían en nuestro país disposiciones parecidas?

   

 

J. da Cruz es analista de información en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). La presente nota está asado en un artículo de Lisa Berthelson en la revista ETC, a quienes saludamos. Publicado en el semanario Peripecias Nº 12 el 30 de agosto 2006. Se permite la reproducción del artículo siempre que se cite la fuente. Licencia de Creative Commons con algunas restricciones.


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